1.En un maul me parten la nariz por un golpe cuando tratan de sacarme del flagrante fuera de juego en el que me encuentro: conducta asumible y aceptada por todos, que en todo caso supondría culpa por imprudencia. Se trata de una acción de las llamadas socialmente asumibles, limitada en este caso a los practicantes de nuestro deporte. No debe haber punición más allá de la deportivamente reglamentaria a la que nos sometemos cuando pedimos y nos expiden de la licencia federativa correspondiente.

2.Tras un agrupamiento y cuando el juego se encuentra bien lejos de la posición en que me encuentro, un oponente me rompe los ligamentos como consecuencia de un placaje no ya retardado, sino fuera de lugar, o por una agresión y la correspondiente caida. En este caso hay dolo penal y asiste el derecho al perjudicado de solicitar la tutela jurisdiccional correspondiente.

Todos tenemos en mente situaciones parecidas. Por no mencionar casos españoles que seguramente muchos recuerdan, sólo citaré un ejemplo de jugadores internacionales: muchos se acordarán de un pilier galés (estuvo en Madrid en el Central jugando contra España en 1993) llamado Rickie Evans (cómo no). Pues bien, el famoso “Homme et demi” francés, el segunda gigantesco Olivier Merle le partió, en una agresión deliberada, una pierna en una situación que no fue considerada por el tribunal lance del juego. El asunto se dirimió ante los tribunales franceses y Mr. Merle sufrió condena penal con la correspondiente indemnización civil. Hay en el Reino Unido y Francia multitud de sentencias sobre casos semejantes. Y en España cada vez más. Si no recuerdo mal una de las primeras de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y es que en nuestro deporte, con riesgos añadidos por ser de tanto contacto, como en las artes marciales, es exigible un respeto aun más estricto a las normas y se debe esperar la expulsión de los que no las cumplan, pues de lo contrario la responsabilidad sube hasta quien debe hacerlas guardar. Además es la única forma de depurar a quien no acepta las reglas, no ya de nuestro deporte, sino las que obligan al derecho penal a hacer caer la fuerza coercitiva del Estado sobre ellos, más cuando rige en el sistema el principio de intervención mínima, a saber, derecho y jurisdicicón penal sólo cuando es estrictamente necesario.